“Desde hace dos años está en poder del Congreso de la Nación el expediente de la causa 14467 caratulada "Alejandro OLMOS s/denuncia", substanciada por ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 Sec N° 4, el que contiene toda la investigación judicial que acredita el carácter ilícito y fraudulento de la mal llamada "Deuda Externa Argentina" contraída durante el periodo 1976-1983.”

Jorge Rossen fue amigo personal de Alejandro Olmos. En el año 1982, Olmos, presentó a la justicia una denuncia para que se investigara el tema de la Deuda Externa Argentina.  Abierta la causa se tarda 18 años en obtener el fallo: convengamos entonces que esto ocurre en el año 2000. Como suele ocurrir en ciertas tragedias, Olmos falleció en abril de ese año sin enterarse que el fallo acreditó el carácter ilícito y fraudulento. La deuda ya está investigada, existen centenares de folios, no obstante, después de tantos años la justicia vuelve a quedarse ciega e inmóvil.

INTRODUCCION

Vamos a intentar aquí abordar el tema de la Deuda Externa desde un ángulo distinto al que han venido aplicando hasta la actualidad, economistas, políticos y los llamados “formadores de opinión” que proliferan en los diversos medios de comunicación social.

Tradicionalmente el espectro de opinión se ha extendido desde quienes sostienen que “debe honrarse la deuda” hasta quienes afirman que no debería pagarse por ser pesada, injusta, odiosa e inhumana.

Aún quienes sostienen una posición fundada en el reconocimiento de su carácter ilegítimo y fraudulento, afirman la necesidad de una “condonación” o “jubileo”, dejando en manos de los supuestos acreedores el acto humanitario de liberarnos de la carga.

Como bien expresara el Dr. Julio C. González en su exposición con motivo de la primera audiencia del Juicio Público a la Deuda Externa celebrada en Octubre 1996: “la Deuda Externa es un delito de medios para un saqueo del país”.

Nada más vano y contradictorio entonces, que pedirle a quienes trazaron la inhumana estrategia del genocidio y la dominación, que resuelvan los problemas que deliberadamente crearon, a partir de ilusorios criterios altruistas, cuando ya están a un paso de alcanzar sus últimos objetivos como son la apropiación total y definitiva de nuestro suelo patrio con todo lo adherido al suelo y sus profundidades.

Pero por otra parte, para que haya eventualmente lugar a una condonación, debería haber primero una deuda legítimamente contraída y éste no es el caso. 

Sostenemos aquí que la llamada Deuda Externa Argentina es inexistente por constituir una obligación establecida en forma compulsiva.

DEUDA COMPULSIVA

La sentencia recaída en la Causa 14467 determina que la llamada “Deuda Externa Argentina” es de carácter ilegítimo y fraudulento, pues ha sido conformada mediante una diversidad de maniobras ilícitas. 

Tales maniobras fueron llevadas a cabo por dos tipos de actores que podríamos denominar genéricamente “agentes internos” y “agentes externos” (ver nota al pie), constituyendo acuerdos espurios realizados secretamente en complicidad (lograda mediante sobornos) y amparados por la falta de mecanismos de control del Estado (clausura del Congreso de la Nación durante el período de gobierno de facto) y la connivencia y complicidad de silencio lograda durante los años posteriores.

De tal modo, las cargas impuestas constituyen una EXACCION u OBLIGACION COMPULSIVA que no puede ser considerada en modo alguno una DEUDA tal y como se debe entender el término, consistente en obligaciones pactadas libremente por las partes dentro de los términos y competencias que las leyes establecen, autorizan y regulan. Dicha deuda, por otra parte, debe responder a necesidades reales de financiamiento previstas en la ley de Presupuesto y corresponderse con contraprestaciones efectivas o ingreso de divisas y sus aplicaciones directas a los fines previstos.

El Pueblo Argentino no contrató ni avaló ningún tipo de endeudamiento ni renegociación posterior. Todas las maniobras fueron conformadas al margen de los preceptos constitucionales, tanto durante el gobierno de facto como a posteriori, ocultando y/o tergiversando su carácter ante la opinión pública y mediante campañas de desinformación y de formación de opinión inculcando una doctrina falaz basada en una “culpa compartida” (por haber, supuestamente, “malgastado el dinero”), el “honor” para responder a los supuestos compromisos, una supuesta necesidad de generar “confianza” entre inciertos inversores externos y el terror al “caos” que pudiera sobrevenir en caso de repudiar la imposición.

En efecto, al sancionar leyes que de un modo u otro convalidaron el endeudamiento en sí y que avalaron la transferencia de empresas, activos y recursos del patrimonio nacional para su supuesto pago, se incurrió en forma masiva, por parte de los legisladores, en el delito de violación de los deberes de funcionario público y otros, en razón de haber ignorado las denuncias fundadas respecto de los ilícitos que dieron lugar a las “Obligaciones Compulsivas” englobadas bajo el eufemismo de “Deuda Externa” y cuyas constancias obraban en poder de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, el que incumplió con la obligación constitucional de investigarla y “arreglar” conforme a sus atribuciones.

Es también responsabilidad del Ministerio Público no haber formado causas a los funcionarios incursos en las maniobras dolosas, ante el conocimiento de la existencia de dichos delitos.

En resumen, de resultas de la acumulación de un volumen creciente de obligaciones impuestas al país “compulsivamente”, se produjo la entrega de empresas y recursos del Estado mediante operaciones que deben ser consideradas como INSANABLEMENTE NULAS.

Los actos ilícitos cometidos, determinan responsabilidades diversas para los actores, según su origen y condición.

Para los agentes internos cabe la aplicación de variadas figuras penales, desde la de traición a la Patria hasta la de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La responsabilidad penal y civil de esos actos debería ser de carácter imprescriptible, dada la magnitud del daño inferido a todo el cuerpo de la Nación.

Para los agentes externos cabe la denuncia y el juzgamiento por actitudes hostiles y agresivas contra nuestro país, cuya figura debiera encuadrarse en una conceptualización de nuevo tipo: GUERRA ECONOMICA.

La conformación del perverso mecanismo de la Obligación Compulsiva ó EXACCION EXTERNA disfrazada de DEUDA, constituirían de suyo una suma de actos inamistosos y hostiles contra la Nación. Pero en virtud de la extensa secuela de daños y víctimas fatales que ha producido desde 1976 hasta la actualidad y que suman centenares de miles de personas (por terrorismo de Estado, represión, hambre, enfermedad, falta de atención, epidemias descontroladas, abandono, miseria, violencia endógena, suicidios por desesperación); por la destrucción del aparato científico, tecnológico e industrial; por el caos social generado; por el vaciamiento y fuga de capitales y el despojo de los ahorristas internos, etc. configuran verdaderos ACTOS DE GUERRA CONTRA EL PAIS.

El concepto de GUERRA está tradicionalmente asociado a la masiva utilización de armamentos por parte de tropas pertenecientes a uno ó más países en contra de otro u otros mediante acciones de combate librados sobre determinados territorios.

La expresión de Von Clausewitz, “la guerra es la continuación de la política por otros medios”, aclara el concepto de que es la intencionalidad política la que subyace e impulsa las acciones bélicas y generalmente, ésta va asociada al deseo de los factores de poder de un Estado, de apropiarse de los recursos y/o territorios de otro.

Podría decirse que la imposición de una “Deuda Externa” que constituye una verdadera EXACCION es la continuación de la guerra por otros medios y por carácter transitivo, la extensión de aquella intencionalidad política de dominación, materializada ahora por medios más sutiles y aviesos.

Sus objetivos son los mismos que animan las acciones bélicas convencionales y sus efectos son tanto o más devastadores que los de aquellas.

Sus autores intelectuales y quienes impulsan acciones conducentes a la muerte masiva de personas como consecuencia de su aplicación, podrían resultar perfectamente encuadrados en la figura de criminales de guerra.

Esta perspectiva del problema abre espacio para una construcción jurídica necesaria para encarar eficazmente su solución, presentando un caso ante Tribunales Internacionales demandando reparaciones de guerra y resarcimientos para la Argentina, por la pérdida de vidas y los ingentes daños ocasionados hasta el presente y los que se proyectan hacia el futuro. Reclamando, asimismo, el juzgamiento y penalización de los responsables directos.

RECUPERO DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

Las empresas de servicios públicos y otros activos y recursos que fueron privatizados, deben ser recuperados para el Estado.

No decimos que deban ser expropiadas (con o sin indemnización) ni recompradas. Ello así, en virtud de que los contratos de cesión o venta pueden ser considerados como insanablemente nulos.

Tales contratos se celebraron como consecuencia de las políticas de vaciamiento que fueron ejecutadas previamente mediante el endeudamiento impuesto en el marco de las maniobras dolosas de la Obligación Compulsiva ó Exacción Externa.

Por otra parte, al proceder a la enajenación de los recursos del patrimonio nacional, se vulneraron normas constitucionales y compromisos pre-electorales, por lo que el mandato popular implícito resultó burlado. En consecuencia, la transferencia a manos privadas (externas o no) de dichas empresas, como parte de la política de dominación y apropiación que está en curso, puede ser revisada y retrotraída a partir de un encuadre jurídico estricto y una decisión política firme, sustentada en un principio de dignidad nacional y de resguardo de su soberanía.

Tal decisión y acción requiere actores diferentes de los actuales en las funciones públicas y un alto nivel de conciencia y participación popular para respaldarlas; ésto es difícil de alcanzar, pero no es imposible. Su logro pasa necesariamente por elaborar y presentar un conjunto de medidas y un encuadre jurídico sólido y coherente al cual la ciudadanía pueda sentir como propio, por dar satisfacción directa a sus anhelos e intereses.

La Constitución Nacional establece, con absoluta claridad, que es de resorte exclusivo del Congreso de la Nación arreglar todo lo relativo a la deuda externa de la Nación. Esta función es indelegable, pero se ve además reforzada por lo prescripto en el Art. 29, que estigmatiza con el calificativo de “traidor a la Patria” a quienes otorguen atribuciones o supremacías por las que la vida y los bienes de los ciudadanos queden a merced de persona alguna.

Así las cosas, las negociaciones, acuerdos, compromisos, Tratados y todo otro acto jurídico realizado por los anteriores gobiernos y por el actual, en relación con la Exacción Externa y sus pagos y/o con la entrega de patrimonio nacional o territorios a cambio de títulos, constituyen actos insanablemente nulos, por cuanto han sido efectuados en abierta violación a las normas constitucionales vigentes.

La pretensión que puedan esgrimir los supuestos adquirentes de los bienes del Estado, en el sentido de que contrataron de buena fe y de que detentan derechos legítimos, carece de fundamento dado que sus propias acciones previas y posteriores, también vulneraron el marco normativo, pues contrataron a sabiendas de la ilegitimidad de los contratos suscriptos, en virtud de la inhabilidad de la contraparte oficial para celebrar dichos actos.

Se agrega a ésto, la práctica del soborno como metodología sistemática para cooptar a los agentes internos a fin de obtener las decisiones necesarias para lograr las transferencias y establecer las condiciones más favorables a sus intereses en desmedro de los usuarios cautivos.

Aún los actos celebrados al amparo de leyes dictadas ad-hoc para darle supuesto sustento legal, carecen de legitimidad por cuanto se celebraron en abierta violación de las obligaciones que el propio Congreso incumplió en cuanto a revisar la voluminosa documentación que está en sus manos y que acredita el carácter ilícito y fraudulento del endeudamiento y en particular, el vaciamiento de que fueron objeto las empresas del Estado como paso previo para proceder a su enajenación. Tales leyes pueden ser calificadas, por ello, de inconstitucionales.

La existencia de una denuncia penal acerca del vaciamiento de YPF por parte de quien después se presentara como candidato presidencial y resultara ungido en las elecciones de 1989, permitía suponer al electorado que bajo su gestión habría de rescatar a dicha empresa de su situación de insolvencia. Lejos de suceder así, dicho mandatario, en abierta violación al pacto que supone el acto electoral, procedió a la enajenación de dicha empresa como corolario de una larga saga de actos de entrega del patrimonio nacional.

El silencio del Congreso y la pasividad del Ministerio Fiscal y de la Justicia frente a los diversos actos realizados, no empece para dar a éstos el carácter de inválidos e ilegítimos, porque tal carácter surge de su colisión con las normas vigentes y no de la eventual acción que pudieran haber interpuesto alguno de tales poderes. La omisión de éstos no legitima los actos.

Por todo lo expuesto, el Estado Nacional debe plantear con todo rigor la recuperación de todas las empresas y recursos pertenecientes al patrimonio nacional que fueran cedidos o transferidos a cualquier título sin más trámite y sin indemnización alguna, pues no se tratará de una expropiación sino de una restitución por anulación de actos inválidos.

Por el contrario, deberá plantearse el reclamo de indemnización al Estado por parte de los actuales administradores por haber usufructuado indebidamente dichas empresas y recursos, haber cobrado tarifas abusivas, haber girado utilidades al exterior y haber eludido el pago de impuestos y obligaciones y en ocasiones, hasta el pago de cánones y multas que le fueran impuestas.

NOTA:

Entenderemos por “agentes internos” a todas aquellas personas, que detentando cargos y funciones públicas de cualquier nivel, hayan intervenido de manera directa o indirecta en la conformación de las maniobras que generaron el endeudamiento, perfeccionaron los títulos, legitimaron su carácter, renegociaron sus pagos, autorizaron o realizaron gestiones, avalaron o aceptaron sus términos, sancionaron leyes o normas que les dieron respaldo, sustento o que pasaron por alto sus vicios. Asimismo, están comprendidos en esta definición, quienes hayan intervenido de modo directo o indirecto, en actividades similares vinculadas con la enajenación, transferencia, cesión, concesión de bienes, activos, empresas y recursos del dominio público a manos privadas.

Quedarán comprendidos dentro del concepto de “agentes externos”, todas aquellas personas físicas y jurídicas que, en nombre propio o en representación de organismos internacionales o de nacionalidad extranjera, bancos, organismos y/o instituciones de carácter financiero, consultoras, etc., hayan sido parte de las gestiones, negociaciones y contrataciones vinculadas al establecimiento de situaciones de endeudamiento público o privado que fuere transferido al Estado, así como a todo tipo de gestiones vinculadas al cobro de sumas de dinero por cualquier concepto y vía, así como las relativas a la transferencia de recursos del Estado de cualquier índole.